El cambio de la ley navarra es una baza frente a la CE
La modificación de la Ley de Atención Farmacéutica de Navarra aprobada por el Parlamento de la comunidad foral se puede convertir en un argumento más para la defensa del modelo español de farmacia. Así lo creen expertos juristas especializados en legislación farmacéutica, que consideran que las correcciones introducidas al texto legal del año 2000 son fruto de la ‘experiencia negativa’ derivada de la liberalización de un modelo que la propia CE citó como ejemplo en su dictamen motivado contra España.
En este sentido se ha manifestado el presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), Mariano Avilés, quien considera que ‘Europa, por coherencia interna, mirará a Navarra antes que a otras regiones de España para tomar una decisión final’. A pesar de esta nueva baza para defender el modelo en Europa, Avilés cree que las bondades de éste son suficientes para ponerlas encima de la mesa cuando se le cuestione. ‘Aparentemente, desde Bruselas parecen tener sus dudas cuando se argumentan supuestas restricciones al principio de libre establecimiento’, dice.
Por su parte, el abogado Rafael Ariño coincide con el punto de vista de Avilés. Para él, la modificación de la Ley de Atención Farmacéutica navarra ‘es suficientemente importante como para poner en duda el dictamen motivado’ abierto por la CE contra España. En este sentido, manifiesta que el intento por parte de la CE de mezclar dos modelos, uno planificado en el que prima el servicio y otro liberalizado en el que se anteponen los intereses económicos, ‘provoca disfunciones que la propia experiencia se ve obligada a corregir, como ha sucedido en el caso de la ley navarra’.
Juan Gillard, miembro del bufete de Sánchez de León Abogados, coincide en que la modificación ‘corrobora la tesis que el modelo navarro, el que puso como ejemplo la CE, presentaba una peor atención farmacéutica’. Según Guillard, después de que el propio Gobierno navarro ‘haya tenido que plegar velas’, hay que esperar a que ‘nuestros representantes ante la Comisión Europea sepan utilizar este ejemplo de campo para defender el modelo español de farmacia’.
Sin embargo, para la presidenta del COF navarro, María Pilar García, la modificación de la ley no debería significar nada con respecto al dictamen motivado ya que ‘lo que plantea la Comisión Europea no se corresponde en absoluto con lo que tenemos en Navarra’.
A pesar de las evidentes diferencias que presentaba el modelo navarro con el del resto de las regiones y de haber sido puesto como ejemplo por la CE, García insistió en que la ordenación farmacéutica foral ‘mantiene el binomio titularidad-propiedad exactamente igual que en el resto de España y tampoco hay diferencias en cuanto a que es una ley planificadora’. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) solicitó el pasado 5 de noviembre al Tribunal de Luxemburgo la celebración de una vista oral para poner encima de la mesa sus argumentos para que devuelva a los tribunales españoles la cuestión prejudicial planteada por parte del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) sobre la legalidad de limitar las aperturas recogida en la ley concursal de 2002 del Principado.
El escrito presentado por la patronal de las oficinas de farmacia españolas considera que ‘la representación de los recurrentes pretende extender la cuestión prejudicial a aspectos relacionados con la propiedad de la oficina de farmacia, algo no planteado por el TSJA. Este aspecto debe ser aclarado en la vista’.
La patronal estima que ‘en diversos escritos se menciona como ejemplo favorable a la estimación de la pretensión principal la regulación establecida en la comunidad autónoma de Navarra’, y como ésta ha sido modificada, ‘debido precisamente a las dificultades que ha planteado su aplicación práctica, conviene explicar en qué consiste la modificación’. Asimismo, cree que ‘dada la variedad argumental de los escritos presentados, y la multitud de partes personadas, conviene plantear las conclusiones pertinentes’.
En esta vista intervendrían todas las partes personadas, aunque cabe la duda de si el tribunal dejará intervenir a la patronal de grandes superficies, Anged, que recientemente ha sido admitida como parte, al no haberlo podido hacer en las alegaciones por escrito.
