El catálogo de medicamentos de Galicia, al Constitucional
La iniciativa de la Xunta de Galicia, aprobada por el Parlamento gallego en forma de ley de racionalización del gasto farmacéutico y con la que se dotaba a la Comunidad de un Catálogo Priorizado de Medicamentos, ha sido recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por considerar que se vulneran competencias del Estado, por ser «inconstitucional´´ y por «romper el principio de igualdad´´. El ejecutivo nacional anunció también la presentación de un conflicto positivo de competencia al Gobierno gallego en relación con los productos farmacéuticos y la ley básica del régimen económico de la Seguridad Social. La decisión, según la consejera de Sanidad gallega, Pilar Farjas, pone en peligro el plan autonómico de contención del gasto sanitario.
El texto articulado de la ley autonómica había sido recurrido ante instancias judiciales por parte de distintos colectivos profesionales y de la industria farmacéutica, teniendo en cuenta, dicen, que con su aplicación se vulneraban los derechos de los pacientes a la hora de la prescripción de los fármacos que se tenía que hacer según el catálogo aprobado en el que hay 427 presentaciones de medicamentos que no pueden ser dispensadas ni prescritas en Galicia. Los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia llevaban la firma de la Federación de Farmacias de Galicia, la Asociación Nacional de Empresas de la Industria Farmacéutica y los colegios oficiales de farmacéuticos; además, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) mostró su apoyo a las iniciativas judiciales. Estos colectivos alabaron la iniciativa adoptada por el Gobierno central, considerando que el catálogo gallego es una clara invasión de competencias estatales y que constituye una vulneración de la legalidad vigente; insistieron, además, en que recorta los derechos de los pacientes y atenta contra su equidad en el acceso a los tratamientos disponibles y contra su derecho de acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a ciudadanos de otras comunidades.
Necesario diálogo
El portavoz del Gobierno central, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró que la ley del medicamento puesta en vigor en Galicia «recorta los derechos tanto de los gallegos, como de aquellas personas que se desplacen a Galicia desde otras comunidades y necesiten continuar un tratamiento´´. El vicepresidente primero del Gobierno insistió, sin embargo, en que la presentación del recurso no cierra las puertas al diálogo: «Si hay acuerdo retiramos el recurso´´, dijo.
Por su parte, Pilar Farjas considera que el catálogo no excluye ningún medicamento, «prioriza los más eficientes´´ y garantiza la financiación de todos los principios activos incluidos en el Nomenclator oficial de productos farmacéuticos. Insiste en que la Agencia Española del Medicamento es la única que autoriza a marcar los precios y determinar las indicaciones y ha hecho hincapié en que todos los gallegos «tienen garantizadas las mismas coberturas terapéuticas que cualquier ciudadano de España, porque un medicamento no es una marca, sino el fármaco con que se trata una patología, decir lo contrario es faltar a la verdad´´.
Durante la comparecencia de prensa Pilar Farjas se preguntó por qué el Gobierno de España había tardado más de un mes -tiempo que lleva en marcha el catálogo de medicamentos- en tomar la decisión de presentar el recurso. Fundamentó en cuatro aspectos los motivos de la decisión del ejecutivo central: «Porque está funcionando, porque se está aplicando con normalidad, porque los gallegos y los profesionales de la sanidad pública de Galicia lo entendieron, y porque parece que algunos temen que se aplique en otras comunidades autónomas´´. Farjas remarcó que «no es negativo gestionar pensando en el interés general´´.
La responsable sanitaria gallega alerta que con la medida puesta en marcha Galicia lucha por gastar lo necesario en farmacia e incrementar la mejora en infraestructuras sanitarias. «Se trata -dijo- de una actuación rigurosa y eficiente que contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario público, que debe primar por encima de los intereses de carácter particular». La iniciativa, según Farjas, permite un ahorro al Servicio Gallego de Salud de alrededor de unos 300.000 euros al día, «al utilizar medicamentos que tienen la misma cobertura terapéutica, la misma seguridad y la misma eficacia´´.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció en la Cámara parlamentaria gallega que la entrada en vigor del catálogo de medicamentos podría suponer un ahorro de más de 100 millones de euros al año a las arcas de la comunidad autónoma.
Para la consejera de Sanidad es «preocupante que el Gobierno de España coincida en su argumentación con lo expresado por la industria farmacéutica, que defiende sus intereses y sus beneficios económicos´´.
El Catálogo Priorizado de Medicamentos fue aprobado por el Parlamento de Galicia el 31 de diciembre de 2010 y entró en vigor el día 3 de enero del presente año. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Santalices, declaró que «entendieron mal el mensaje. Nunca estuvimos en un pulso con el Misterio de Sanidad, sino por la sostenibilidad del sistema». Modesto Pose, portavoz del PSOE, recordó que «los médicos y farmacéuticos, así como la industria, se manifestaron en contra del catálogo y denunciaron los problemas de desabastecimiento´´. Finalmente, Ana Luisa Bouza, del BNG, constató que está habiendo problemas con el proceso «por la mala gestión de la Consejería, la falta de negociación con las farmacias y la ausencia de información a los usuarios y facultativos´´.
Cinco meses
La presentación del recurso, una vez admitido a trámite, implica que la ley queda paralizada temporalmente durante cinco meses. Transcurrido este plazo el alto Tribunal deberá decidir si prorroga el aplazamiento o suspende de forma cautelar la normativa hasta que se produzca el fallo. Por su parte, el Gobierno de Galicia, a través de la Consejería de Sanidad, considera que el catálogo de medicamentos es legal y que lo seguirá aplicando con normalidad. Fundamenta su actuación en que puede hacer uso de la pieza separada que acompaña a sus alegaciones.
Reacciones
El mismo día en que se conoció la decisión del Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el catálogo de fármacos aprobado en Galicia, tanto Farmaindustria como la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) expresaron su satisfacción por ella.
Farmaindustria destacó que con esta decisión «el Gobierno se suma a los diferentes agentes sanitarios (industria farmacéutica, oficinas de farmacia y médicos) que en los últimos tiempos hemos venido denunciando que esta iniciativa legislativa supone una clara invasión de competencias estatales por parte de la comunidad autónoma Gallega y constituye una vulneración de la legalidad vigente´´. En opinión de Farmaindustria «el catálogo priorizado de medicamentos recorta los derechos de los pacientes gallegos, atenta contra su equidad en el acceso a los tratamientos disponibles y contra su derecho de acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a ciudadanos de otras comunidades, rompiendo la cohesión del Sistema Nacional de Salud y poniendo en riesgo la unidad de España´´.
FEDIFAR también considera que «la norma gallega vulnera el reparto competencial del Estado, ya que es el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el que tiene la competencia exclusiva para decidir qué medicamentos se financian en el conjunto del Sistema Nacional de Salud´´.
La Federación recuerda que el recurso aprobado por el Consejo de Ministros «abunda en los argumentos ya esgrimidos por los colegios oficiales de farmacéuticos de Galicia y por la patronal de los laboratorios farmacéuticos Farmaindustria, que han anunciado y presentado sendos recursos contra la misma norma´´.
