El Gobierno pide la intervención del TC por aplicación del catálogo gallego de fármacos
El catálogo de medicamentos genéricos vigente en Galicia quedó suspendido cautelarmente tras la decisión del TC de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno, que considera que invade sus competencias.
La lista, adoptada en base a una legislación aprobada por el Parlamento de Galicia, excluía 427 medicamentos que no en todos los casos podían sustituirse por otros equivalentes, según esgrimió la administración central.
En una rueda de prensa ofrecida La Coruña, el delegado del Gobierno ha lamentado que pese a la medida adoptada por el alto tribunal responsables de la Xunta siguen «jactándose´´ y «presumiendo´´ de que se sigue aplicando.
Conviene recordar que el portavoz socialista Pachi Vázquez ya anunció que la primera acción del PSOE gallego después de las elecciones autonómicas sería enviar un escrito a la Delegación del Gobierno, aunque los COF gallegos insistieron en que el catálogo estaba paralizado.
Según Cortizo, primero fue la consejera de Sanidad, Pilar Farjas, y más recientemente el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien en su intervención en la inauguración del Congreso Nacional de la Academia de Dermatología afirmó: «Los profesionales gallegos siguen aplicando responsablemente el catálogo priorizado de medicamentos, a pesar de estar suspendido por el Gobierno central´´.
Ante estos hechos, el delegado del Gobierno ha enviado una carta a la abogada del Estado jefe de Galicia, Consuelo Castro Rey, en la que le reclama que se inste al TC a que «proceda a verificar si por parte del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma se está dando cumplimiento a los acuerdos de fecha 1 de marzo de 2011 por los que se suspende la aplicación de la Ley 12/2010 y del catálogo de medicamentos aprobado en desarrollo de la misma´´.
En caso contrario, Cortizo reclama a dicho tribunal «la adopción de las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de las requeridas resoluciones judiciales a que hubiera lugar´´.
A su juicio, «se está desobedeciendo una resolución judicial del máximo tribunal, y más allá de cualquier otra consideración en un Estado de derecho no se puede presumir de no cumplir las leyes ni las decisiones de los tribunales´´.
