El Interterritorial llega a un «gran acuerdo por la Sanidad´´ a costa de los medicamentos genéricos

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado la pasada semana y que tenía por primera vez como punto único de debate la sostenibilidad del sistema sanitario de nuestro país, finalizó, según manifestó a su término la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, con un «gran acuerdo por la Sanidad´´ por parte de los consejeros sanitarios autonómicos. Un acuerdo, cuyas actuaciones se enmarcan en el II Plan Estratégico de Política Farmacéutica, que, tal y como anunció la titular de Sanidad, conllevará un ahorro de 1.500 millones de euros a las arcas del sistema sanitario.

Aunque el número de recetas y el gasto hospitalario son las patas sobre las que se sustenta el gasto farmacéutico, las medidas a corto plazo preparadas por el Ministerio de Sanidad para «aliviar la presión presupuestaria´´ de las comunidades autónomas en el marco de la creación del futuro Pacto por la Sanidad no incluyeron iniciativas específicas en ninguno de estos ámbitos. Tampoco existió referencia alguna al copago, tal y como ya había avanzado Jiménez. De esta forma, será, principalmente, la industria de medicamentos genéricos el principal damnificado por el plan de choque elaborado por la Administración.

Estas medidas adoptadas de manera consensuada por los consejeros autonómicos, que serán aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros y que entrarán en vigor en unos 30 días, supondrán, según Jiménez, «un ahorro anual de 100 millones de euros´´ al ciudadano, además de los 1.500 millones de euros para las arcas de las administraciones sanitarias.

En este sentido, la principal partida de ahorro se producirá por la modificación del Sistema de Precios de Referencia: 916 millones de euros. Una modificación en la fijación de los precios, que hasta ahora se establecía en base a los tres medicamentos similares más baratos, y que ahora se establecerá «para cada conjunto homogéneo de medicamentos a partir del coste por tratamiento y día más barato´´.

Asimismo, la segunda medida acordada y que provocará un mayor ahorro al bolsillo de las administraciones sanitarias será la iniciativa destinada a mantener el precio de los fármacos con la fijación de un precio máximo de los medicamentos para síntomas menores. Una medida de financiación selectiva que, según la ministra, permitirá un ahorro anual de 352 millones de euros.

¿Se puede hablar de medicamentazo? Según la ministra no. «No supone ningún medicamentazo, mantendremos los medicamentos en el sistema aunque arbitraremos medidas para controlar los precios´´, precisó Jiménez.

Una tercera estrategia para abordar la contención del gasto farmacéutico será la rebaja de una media del 25 por ciento en el precio de los medicamentos genéricos, una medida que, según los cálculos realizados por el Ministerio de Sanidad conllevaría un ahorro para el sistema de 317 millones de euros. Esta rebaja, según establece el acuerdo, no se aplicará «en el caso de los genéricos que ya hayan bajado considerablemente sus precios´´.

En este sentido, y a pesar de que previsiblemente esta medida tendrá unos efectos negativos para la industria de genéricos, la ministra justificó esta medida porque afirma que se desea «fomentar el uso de los genéricos y, por ello, vamos a actuar sobre su precio´´. A este respecto, avanzó que presentará su plan de contención del gasto a la industria farmacéutica este mismo lunes.

Por otra parte, respecto a esta rebaja de precios de los medicamentos, se acordó incrementar al 30 por ciento la bajada del 20 por ciento que se aplicaba a los medicamentos que llevan más de diez años financiados por la sanidad pública pero que no están incluidos en el sistema de precios de referencia y tienen un genérico aprobado en otro país de la Unión Europea. Esta medida, según precisó el ministerio, se ampliará también a los casos en los que existe un medicamento biosimilar.

Este conjunto de medidas acordadas en el Consejo Interterritorial está orientado, según se señaló desde el ministerio, a mejorar la prescripción, aumentar la calidad de la cadena farmacéutica, la dispensación y la atención farmacéutica, fomentar la investigación, así como la eficiencia de la prestación. «Este acuerdo contribuirá de forma decisiva a la sostenibilidad del sistema sanitario en la actual coyuntura de crisis económica´´.

Un guiño a las farmacias
Por otro lado, finalmente la «hoja de ruta´´ diseñada por el Ministerio de Sanidad y refrendada por los consejeros de Sanidad autonómicos no incidió, al menos no se informó de ello, en uno de los aspectos que más temía el sector de oficina de farmacia: la posible actualización del Real Decreto 5/2000 para ampliar las deducciones o el recorte de márgenes de las boticas.

En este sentido, la ministra de Sanidad afirmó que se había evaluado la situación de las oficinas de farmacia y sus márgenes y que, finalmente, se decidió «que no se verían afectados por estas medidas´´. Según Jiménez, el paquete de medidas, algunas pendientes de que se den los últimos retoques, prevé un «reconocimiento de la oficina de farmacia y cualquier afectación que le suponga será de carácter positivo´´.

Grupo permanente
El consenso alcanzado en el Consejo Interterritorial, réplica de los que unieron a los consejeros en torno a la gripe A, no sólo buscó medidas para contener el gasto desde el ámbito político sino que persiguió el acuerdo con todos los agentes implicados en el sistema. Por ello, se ha considerado necesario constituir un grupo permanente para buscar el diálogo y el consenso de cara al futuro del Sistema Nacional de Salud.

Este grupo, constituido por el Ministerio de Sanidad y todos los consejeros autonómicos, más Ceuta y Melilla, trabajará en torno de una «hoja de ruta´´ que establecerá una serie de cuestiones definidas por el Consejo Interterritorial, aunque podrá incorporar opiniones y aportaciones de expertos. A lo largo de 2010, y para su aplicación progresiva hasta 2013, este grupo estudiará medidas para, en un futuro, proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera un «incremento finalista´´ de los recursos del sistema. Además, también se propondrá una reforma del Fondo de Cohesión Sanitaria «que contemple nuevas finalidades y sirvan como herramienta para impulsar políticas comunes de cohesión del sistema´´.

Por otro lado, se reforzará el papel de tecnologías sanitarias y se trabajará en el reforzamientos de las garantías y la seguridad en su procedimiento de autorización y se mejorará la posibilidad de «evidencias científicas´´ de efectividad como base de toma de decisiones con la creación de un modelo organizativo en red con la agencia estatal y las autonómicas.

El CISNS del 18-M podría pasar a la historia, pues pone fin a una reclamación que ha enrarecido todos los Consejos de la legislatura, salvo los de la gripe A, y se remonta aún más atrás. La financiación convirtió al CISNS en víctima de plantes socialistas, ya durante los mandatos de Celia Villalobos y Ana Pastor. Fue ésta quien, en octubre de 2002, prometió convocar un pleno sobre gasto farmacéutico que no se celebró. El cambio de gobierno empeoró las cosas. En junio de 2004, Elena Salgado no incluyó la financiación en el orden del día y el PP le dio plantón y creó un foro alternativo. En marzo de 2005, además, elevó el conflicto a los tribunales. La Audiencia Nacional respaldó su petición en 2006. Sanidad recurrió al Tribunal Supremo y, entretanto, Bernat Soria gestó el pacto, pero el monográfico no se convocó. La entente cordial duró poco y, a finales de 2007, el PP volvió a reventar el Interterritorial. A partir de 2008 cambiaron las cosas. Con la llegada de la crisis, el SNS aparcó sus diferencias en un documento que se elevó al CPFF, en el marco del nuevo sistema de financiación. A lo largo de 2009, el Supremo dio la razón a las comunidades del PP hasta que, en octubre, Trinidad Jiménez prometió hablar de sostenibilidad en el CISNS. El plazo eran dos meses, aunque en febrero se anunció el monográfico que ha marcado buena parte de la agenda política de los últimos años.