Guardiola (MICOF) asegura que el pago de Hacienda «da un pequeño respiro» aunque la situación es «crítica»

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, ha señalado que el pago de 60 millones de euros a las farmacias valencianas correspondiente a aproximadamente el 45 por ciento de la factura de julio, "da un pequeño respiro" aunque la situación es "crítica".

Según ha apuntado Guardiola en un comunicado, "el acuerdo es importante porque abre una vía de solución del problema" pero ha advertido de que la situación por la que atraviesan las oficinas de farmacia "todavía es muy crítica" ya que están "resistiendo hasta el límite de nuestras posibilidades". "Confiamos en que el calendario de pagos se cumpla, porque de lo contrario, las oficinas de farmacia no van a poder resistir", ha señalado.

La Conselleria de Hacienda ha abonado los primeros 60 millones de euros a las farmacias correspondientes a aproximadamente el 45 por ciento de la factura de julio, dentro del plazo acordado en el calendario de pagos al que se comprometió con los Colegios de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana la semana pasada.

La cantidad corresponde, aproximadamente, al 45 por ciento de la factura de julio –por las recetas dispensadas en mayo– de las oficinas de farmacia de Valencia y aunque es una parte "muy pequeña" de la deuda total, el MICOF considera que "contribuirá a reducir la tensión de los últimos meses".

La Conselleria de Hacienda propuso abonar 60 millones entre el lunes y martes de esta semana, 60 millones más en la primera decena de diciembre y 60 a finales de diciembre. En enero se abonarán otros 60 millones y la factura de septiembre y, a partir de febrero, se adecuarán los pagos de 2012 con respecto al concierto. Con este acuerdo, todavía quedarán pendientes las facturaciones de octubre y noviembre, cuya forma y plazo de pago comenzará a negociarse con los Colegios "en breve".

Además, se constituirán tres mesas paritarias de negociación sobre el sistema de urgencias de las oficinas de farmacia, la Atención Farmacéutica Domiciliaria y el seguimiento de la aplicación del decreto de precios mínimos que ha entrado en vigor y los medicamentos de diagnóstico hospitalario, según la entidad colegial.

Según el MICOF, la experiencia vivida con este problema permite "extraer cuatro grandes conclusiones": que los sucesivos decretos, desde el año 2000 hasta hoy, "han dado lugar a un empobrecimiento de la farmacia, que ya no puede prestar un servicio integral a los ciudadanos si la Administración no paga a los 30 días". La entidad ha señalado que se ha demostrado que es "imposible soportar 60 días sin cobrar".

FARMACIAS EN CONCURSO

En segundo lugar, ha cifrado en más de 30 las farmacias en concurso de acreedores y más de 300 en una situación "muy crítica". Según el MICOF, "la oficina de farmacia rural es la más castigada al igual que la oficina de farmacia de zona turística, que no ha cobrado nada en los meses clave y que el resto de farmacias tiene una reducción del stock del 90 por ciento".

En tercer lugar, ha recalcado que el ciudadano "es el mismo y tiene el mismo derecho a la salud y la misma necesidad de medicamentos en todas las comunidades autónomas" y en cuarto, la inseguridad jurídica que genera el propio sistema que, "sin cobrar las recetas obliga a comprar medicamentos y dispensarlos al paciente", en este caso, "sustituyendo al Estado con el consiguiente endeudamiento de la farmacia".

Guardiola ha señalado que, para evitar situaciones como ésta, piden "presupuestos finalistas y reales y que sea competencia del Estado el pago de los medicamentos o que se arbitren líneas de financiación para corregir las dificultades que puedan tener las autonomías".

"El derecho a protección de la salud de los ciudadanos está consagrado en la Carta Fundacional de la Organización Mundial de la Salud, el Tratado Universal de los Derechos Humanos y el de la Unión Europea, la Constitución Española y l’Estatut d’Autonomia y el medicamento es un bien esencial de carácter universal que exige el máximo control técnico-sanitario, administrativo y profesional y sin el cual no es posible garantizar ese derecho", ha subrayado.

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