Impuesto al patrimonio: la botica, exenta si es la mayor vía de ingresos

Las farmacias no estarían, en principio, obligadas a tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio siempre que sean la fuente de ingresos principal del declarante. Así se desprende, al cierre de esta edición, de la afirmación de la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, al asegurar que esta tasa se recuperará con la misma estructura que tenía en 2007 (salvo los mínimos exentos).

A falta de conocer el texto final, que el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el pasado viernes, todo parece indicar que no habrá grandes cambios. Hasta 2007 había que presentar la vivienda habitual (que tributaba a partir de 120.000 euros), los depósitos financieros, etc. Y también el local de la farmacia en caso de que estuviera en propiedad. Era obligatorio declararlo aunque si la mayor parte de los ingresos del farmacéutico provenía de la oficina de farmacia quedaba exento. Si, en cambio, el farmacéutico ocupaba otro cargo cuya remuneración superara el 50 por ciento de sus ingresos totales, el local sí estaba sujeto a este impuesto.

SOLUCIÓN TEMPORAL
Según Salgado, la aplicación será temporal (sólo para los ejercicios 2011 y 2012) y a partir de 700.000 euros que, según las últimas estimaciones, afectará a unos 160.000 contribuyentes. Además, quedan exentas del impuesto las viviendas habituales hasta un valor de 300.000 euros.

La intención con la que nace esta medida es acotar «mucho el perfil del contribuyente´´, explica Sánchez, por lo que va dirigido a las rentas más altas. Hasta 2007 «afectaba a las clases media-alta y alta´´; el proyecto actual, en cambio, «sólo está dirigido a quienes tienen un patrimonio muy elevado´´. De hecho, entonces se recaudaban unos 2.200 millones (según el año) y ahora se prevé una suma de 1.080 millones.

Recaudación adicional para las CCAA

El Impuesto sobre el Patrimonio va a parar directamente a las arcas de las comunidades autónomas ya que se trata de un tributo de recaudación autonómica. De hecho, el principal argumento que se ha esgrimido para restaurar una tasa que se había suprimido hacía apenas tres ejercicios ha sido el de dotar de financiación adicional a las comunidades que se están encontrando graves problemas de deuda. Las previsiones, eso sí, son menos ambiciosas que en 2007 y se prevé una recaudación de 1.080 millones de euros.