Invasión de competencias y libertad del boticario cuestionan la legalidad del concurso andaluz

La posibilidad de sacar a concurso moléculas en AP es la propuesta que más dudas jurídicas genera de las presentadas por el SAS a los COF en el «Plan de estabilidad para la farmacia andaluza´´. Implantar un modelo similar al de hospitales, hacerlo al margen del Ministerio y de otras autonomías, imponer al farmacéutico la dispensación de determinadas moléculas y otros asuntos la hacen una medida aparentemente recurrible.

La propuesta de sacar a concurso determinadas moléculas de AP para ahorrar hecha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a los COF (ver pág. 4) abre un abanico de dudas sobre su legalidad y, al margen de que los farmacéuticos andaluces la apoyen o no, hay indicios de que un tribunal pueda tumbarla. Como con el catálogo gallego, el principal de los problemas aparece en la invasión de competencias estatales.

Explica a CF el experto en Derecho farmacéutico Juan Fernández, que «ya en la Constitución se recoge que el Estado tiene competencias exclusivas en materia de Sanidad y de Seguridad Social´´. Y que de aquélla se deriva la Ley de Garantías, que regula que la fijación de precios es asunto del Ministerio de Sanidad.

Coinciden el jurista Daniel Autet, de Durán Sindreu Asesores Legales, y los informes jurídicos del Consejo Andaluz de COF y de la empresarial regional Ceofa. No así el expresidente del COF de Córdoba y jurista, Fernando Grande, quien defiende que las autonomías pueden buscar ahorros vía concurso, como en los hospitales, con los fármacos de primaria. Sin embargo, la mayoría piensa que el ámbito de AP está exento de estas licitaciones por la propia regulación de la Ley de Garantías.

COHESIÓN
También el concurso pondría en entredicho el principio de igualdad de los ciudadanos. Recuerda Autet que la Ley de Cohesión prevé la unidad del sistema y con esta propuesta «no se estaría dando los mismos productos a todos los ciudadanos´´. Además, matiza que la justificación no es sanitaria, sino puramente económica, ya que «se eligirá al laboratorio que dé más bonificación´´.

Ceofa, que ha anunciado que luchará «con todos los medios legales a su alcance contra este sistema´´, asegura que es contrario a la necesaria cohesión del SNS y discriminatorio con el ciudadano andaluz y los profesionales sanitarios.

Juristas consultados creen que se puede comparar con el catálogo gallego en cuanto a la invasión de competencias estatales y la equidad, pero no en la limitación a la prescripción del médico: en Andalucía se podría prescribir la marca u otro fármaco siempre que el médico lo considerara, si bien apunta Grande que «estarían en juego las bonificaciones que da el SAS a los facultativos que prescriben por principio activo´´.

Por otro lado, el propio Consejo Andaluz de COF está estudiando la legalidad de que, si sale adelante la medida, se pueda obligar a los farmacéuticos a dar y comprar un medicamento en exclusiva, simplemente porque esté incluido en el concierto. Precisamente, sobre este asunto, Fernández defiende que sería otra ilegalidad. «Hasta que una norma no establezca la potestad de las autonomías de decidir sobre financiación de medicamentos, el farmacéutico de manera individual se puede oponer, ya que se estaría incidiendo sobre la esfera empresarial y privada de los boticarios´´, sostiene.

EL PACIENTE
Aunque no sean dudas jurídicas, este concurso en primaria pondría sobre la mesa otras situaciones como la del aumento del copago farmacéutico. Se mantendrá el PVP y los pacientes activos pagarán un 40 por ciento, como siempre, pero sobre un precio menor al que fija el Nomenclátor de Sanidad. Sobre este punto no hay acuerdo: hay quien defiende que el usuario tendría que poder beneficiarse de la bajada de precios conseguida por la Administración, mientras que otros piensan que un acuerdo entre COF y SAS no puede modificar el régimen de aportación del paciente.

Fuentes colegiales explican a CF que el SAS también habría estudiado cómo se hará la factura farmacéutica con la licitación pública de moléculas. Prevé fijar el precio por concurso, pero las compras las realizarán las farmacias como hasta ahora, que mantendrían su margen, así como los mayoristas. A partir de ahí, los COF pasarían la factura, como es habitual, pero restándole la diferencia entre el precio menor oficial y el extraoficial, conseguido por el concurso. Sería la vía del SAS para no perder partida presupuestaria en Salud y repercutir los ahorros directamente en el departamento.

Con este panorama, estaría en manos del Ministerio poder recurrir el acuerdo ante los tribunales. De hecho, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ya anunció que «no permitirá decisiones que afecten a la equidad en la asistencia´´.

La patronal de genéricos Aeseg decidirá si va a los tribunales cuando se concrete la medida, pero ya advierte del riesgo de exportaciones entre autonomías.