La Ley General de Sanidad es una conquista reversible
El SNS se defiende de las críticas que piden la devolución de competencias
Coordinación, universalización, participación… Estos términos, acuñados en relación al Sistema Nacional de Salud (SNS), suenan hoy muy familiares, pero eran completamente nuevos hace 25 años. Llegaron con la Ley General de Sanidad, una norma que, nadie se atreve a contradecir, todavía tiene vigencia. Pero las conquistas históricas alcanzadas el 25 de abril de 1986 corren hoy el riesgo de morir de éxito. Al margen del espinoso asunto de la financiación, el Gobierno, las comunidades autónomas y los partidos políticos comparten la idea de que mantener la herencia del ex ministro de Sanidad Ernest Lluch pasa, sobre todo, por recuperar una filosofía de gobierno compartido.
Veinticinco años no pasan en balde. Han cambiado, y mucho, la estructura y el volumen de la población; la economía; el estado de las autonomías y hasta la forma de hacer política. Sin embargo, y aunque como dijo Fernando Lamata, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, «todas las conquistas sociales son reversibles´´, la «ley Lluch´´ todavía tiene respuestas a algunos de los fenómenos que la crisis ha traído consigo en el campo sanitario.
En primer lugar, las críticas al traspaso de competencias sanitarias. En 1986 se consideró que uno de los aspectos más inteligentes de la Ley General de Sanidad fue, precisamente, hacer posible ese proceso. Las competencias autonómicas pusieron fin a una etapa caótica en la sanidad española en la que las carencias, la descoordinación y la lejanía de las instituciones al paciente eran la norma.
Veinticinco años después el balance es casi unánime: el éxito del SNS se debe, precisamente, a las comunidades autónomas. Así lo resaltaron la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y los cuatro responsables autonómicos que la semana pasada participaron en el Congreso de los Diputados en la jornada-homenaje a Lluch con motivo del aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad. Toda una declaración de intenciones contra las voces críticas que han empezado a hablar de devolución de competencias.
En segundo lugar, la idea de que la culpa del déficit no es de la sanidad, sino de la crisis. Lo dijo Lamata, para a continuación rechazar el copago. En su opinión, se trata de un «debate falso´´, ya que no frena el acceso a los servicios sanitarios ni sirve para financiar y, en cambio, introduce discriminación en el sistema.
Ningún responsable político se apunta hoy a la corresponsabilización económica del usuario, como no sea en fármacos. Tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades comparten la idea de que la sanidad española destaca en eficiencia a pesar de tener un peso discreto en el PIB. También creen que debe seguir financiándose con impuestos, aunque tampoco rechazan la idea de aumentar, aunque sea ligeramente, el gasto sanitario público.
Sin embargo, no deja de ser llamativo que en la jornada del Congreso sólo Fernando Pérez Royo, que en 1986 formaba parte de los cuatro diputados comunistas integrados en el Grupo Mixto y que ejerció como portavoz en el debate de enmiendas del informe de la Ley General de Sanidad, animase a acometer los «ajustes´´ necesarios para hacer sostenible el SNS, «sin miedo incluso a mencionar el tabú del copago´´. Y lo mencionó «como ciudadano´´, dado que ya no es político en activo.
Gobierno compartido
No obstante, si es unánime la idea de que la Ley General de Sanidad es hoy en día actual y necesaria, también lo es la de que el SNS que creó necesita cambios profundos para sobrevivir. Los propios responsables autonómicos creen que la descentralización puede mejorar. Para Belén Prado, viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad de Madrid, el proceso ha ido a veces «más allá de lo necesario´´, y ha causado, por ejemplo, una desvertebración en la cartera de servicios, los recursos humanos o el calendario vacunal.
Otras posiciones comunes pasan por fomentar la eficiencia a todos los niveles y la corresponsabilidad entre todos los agentes. También por redefinir las estructuras sanitarias al nuevo paradigma sanitario de pasar de curar a cuidar y, sobre todo, por compartir recursos. Miquel Argenté, director del Área de Recursos del Servicio Catalán de la Salud, o Juana María Reyes, directora del Servicio Canario de la Salud, abogaron por una nueva política basada en la cooperación y la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado.
Fue el llamamiento que Gaspar Llamazares, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, hizo a favor de un «gobierno compartido´´, un nuevo sistema de toma de decisiones que pasaría, primero, por otorgar al Consejo Interterritorial un papel muy distinto al que tiene ahora. Segundo, por una voluntad política que para muchos es hoy dudosa.
En este punto, la «ley Lluch´´ da aún lecciones. Pasó por 14 borradores y en el Parlamento recibió todas las enmiendas de totalidad posibles. Pese a todo, se aprobó casi por unanimidad. El gran reto del SNS es, por tanto, no romper ese consenso histórico.
