Los baremos: una piedra en el camino del modelo

La existencia de una serie de criterios diferentes en cada una de las comunidades autónomas para valorar los méritos es un problema ante la UE El CGCOF y FEFE siempre consideraron que el sistema era difícil de defender y el ministerio apuntó que podrían hacer ‘pequeños ajustes’

El abogado general del Tribunal de Luxemburgo Miguel Poiares consideró que los baremos establecidos en el Principado de Asturias para otorgar la autorización de apertura de nuevas farmacias no eran consecuentes con los objetivos que persigue la planificación.

‘Los méritos profesionales referidos al ejercicio profesional obtenidos en el ámbito del Principado de Asturias se computarán con un incremento del 20 por ciento’. ‘En caso de empate al aplicar el baremo, las autorizaciones se otorgarán de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: farmacéuticos que no hayan sido titulares de oficinas de farmacia…’. Éstos fueron algunos de los aspectos que el abogado general del Tribunal de Luxemburgo Miguel Poiares puso en cuestión a la hora de valorar si los baremos establecidos en el Decreto 77/01, regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias, que establece restricciones en el establecimiento de farmacias en esa comunidad, chocaban con el derecho comunitario. Condiciones que, según él, además de chocar con la libertad de establecimiento ponen en duda los objetivos de la planificación farmacéutica.
Pero la legislación farmacéutica asturiana no es la única que establece en sus baremos algunas condiciones que chirrían con el Tratado de la Unión, que son un problema ante la Unión Europea y que ponen en duda los verdaderos objetivos de la planificación farmacéutica. Primar la experiencia profesional dentro de la comunidad, el dominio de la lengua autonómica o, incluso, a los farmacéuticos rurales sobre el resto, no entra dentro de lo que la Comisión Europea, o incluso el propio Tribunal de Luxemburgo, consideran una justificación suficiente a la restricción de establecimiento.

Es decir, choca con que esas restricciones ‘se apliquen de manera no discriminatoria, que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo’. Además, el hecho de que en España existan baremos diferentes en cada una de las comunidades autónomas, complica aún más la posición de nuestro modelo planificado ante la Unión Europea.

En este sentido, destaca que España es el único país de la Unión Europea que tiene baremos diferentes en todo su territorio. Un hecho que supone una traba para poder justificar de una manera lógica las restricciones al establecimiento que recoge nuestra legislación farmacéutica. Así lo han puesto de manifiesto los propios profesionales, ya que la mayoría no vería mal una unificación de criterios. Éste es el caso de FEFE, que consideró que esta disparidad de baremos era ‘difícilmente defendible, y por eso no entramos en ese asunto’. O del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que ha seguido los mismos pasos. O incluso del Ministerio de Sanidad, quien reconoció que se podían llevar a cabo ‘pequeños ajustes’

La experiencia y rurales

La disparidad de criterios entre comunidades autónomas es evidente y no siempre, en virtud del informe del abogado general, compatible con el derecho comunitario. Así, por ejemplo, al igual que en los baremos de méritos asturianos, en Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia se valora ampliamente el ejercicio profesional realizado con anterioridad en esa comunidad.

En Cantabria, al igual que en Asturias, los méritos profesionales por haber ejercido en la región se computan con un incremento del 20 por ciento. En la Comunidad Valenciana, en un 15 por ciento. En Baleares, 0,045 puntos por mes (hasta el 20 por ciento). Y en Murcia, en virtud del ‘conocimiento que conlleva la realidad social y sanitaria de la región’, se otorgan 0,3 puntos por año.

A estas comunidades se añadiría la ciudad autónoma de Melilla, que incrementa la valoración hasta en un 10 por ciento cuando el solicitante haya estado empadronado en esta ciudad un mínimo de cinco años antes de que se haya realizado la convocatoria.

Respecto a las comunidades autónomas que priman a los rurales se encuentran, además de Asturias, aunque ésta por debajo respecto a los profesionales que nunca han tenido farmacia, Aragón, Cataluña, Extremadura, Murcia, Cantabria, Comunidad Valenciana, las dos Castillas y, a partir de 2009, Andalucía, que reserva el 20 por ciento de las autorizaciones a este colectivo.

La lengua y otros aspectos

Junto a la prioridad que algunas comunidades dan al ejercicio de la dentro de la propia región, hay otras en las que el conocimiento de la lengua cooficial es clave: Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares. Pese a ello, los criterios también son dispares. En Galicia el conocimiento del gallego se premia hasta con 10 puntos; en la Comunidad Valenciana se valora hasta con cuatro puntos tener un nivel superior de valenciano; en el País Vasco, conocer el euskera (EGA o equivalente) se incentiva con 0,5 puntos, en Baleares con un punto tener un nivel B de catalán y en Cataluña hasta con dos puntos un nivel C o superior.

Incluso, en algunas comunidades premian sobre los méritos profesionales aspectos como el expediente, la formación, las publicaciones o la participación en programas sanitarios, algo criticado por los farmacéuticos sin farmacia. En este grupo de comunidades en las que los profesionales que ya han podido ejercer tienen ventaja al acceder a una farmacia sobre aquellos que aún no lo han hecho se encontrarían Aragón, Canarias o Castilla-La Mancha.

Además de este tipo de criterios, en otras se valora, como en Extremadura y Aragón, tener algún tipo de discapacidad o minusvalía. En otras, como en Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana, se realiza también una prueba escrita. En otras, como en la navarra, no se tiene ni siquiera un baremo, aunque se recomienda valorar criterios profesionales y académicos, los dos únicos baremos que existen, por ejemplo, en Madrid.