Luxemburgo retrasa al 30 de septiembre las conclusiones del abogado general sobre la planificación y los baremos españoles
A pesar de que estaban previstas para este jueves, día 10 de septiembre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido retrasar las conclusiones del abogado general Miguel Poiares Maduro sobre la cuestión prejudicial asturiana, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proceso. Se desconocen los motivos de este retraso, que hace crecer la expectación después de que un tribunal italiano haya enviado una nueva cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre planificación farmacéutica, que se suma a la de Asturias, sobre planificación y baremos, y a la de Granada.
Pregunta el Tribunal Regional Administrativo de Piamonte a los jueces de Luxemburgo si no es contrario a Derecho comunitario que la legislación italiana prohíba trasladar una farmacia a un local situado a menos de 200 metros (distancia mínima) de la botica más cercana en el ámbito de la zona asignada; si no se está limitando la libre iniciativa económica del farmacéutico, y si no se está anteponiendo la norma nacional planificadora a la protección de la salud de los pacientes y consumidores. Todo indica, como ocurrió con la granadina, que el TJCE la pondrá en stand by a la espera de conocer los resultados del proceso de la asturiana.
El informe de Poiares Maduro dará las primeras pistas sobre el futuro de la planificación farmacéutica y los baremos españoles, pues el tribunal europeo coincide con las conclusiones de sus abogados generales en el 80 por ciento de los casos. Como contó CF, la tendencia europeísta del portugués y que ya haya, al menos, tres tribunales nacionales que se hayan planteado la proporcionalidad de las normas planificadoras de los modelos regulados no son buenos augurios.
Aunque el fondo de las prejudiciales es el mismo, tienen matices diferenciadores. En el caso de la italiana sólo se pregunta por las distancias; en Asturias se cuestiona que se puntúe la experiencia autóctona, el idioma y que se prime a los rurales en los baremos, además de las distancias y el ratio de habitantes, y la más dura parece la del Juzgado Contencioso-administrativo de Granada que estima la planificación española un sistema "desproporcionado, incluso contraproducente, respecto al objetivo del buen abastecimiento de medicamentos del territorio".
