Sanidad prevé impulsar la colaboración de médico y boticario como aval del modelo
José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad entiende que, tras conocerse el informe del abogado general de Luxemburgo Yves Bot sobre el caso italiano, se han dado pasos adelante, pero que ‘hay que seguir unidos, porque en Europa se está definiendo el espacio sanitario europeo, mediante la Directiva de servicios sanitarios transfronterizos, que, aunque ha sido ampliamente rechazada, abre un campo de propuestas, y porque está en proyecto un paquete de medidas farmacéuticas que habrá que discutir’.
Así lo manifestó la semana pasada en Barcelona en la celebración de una jornada organizada por la Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica (Aproafa), donde el informe de Bot y la crisis acapararon la atención de los participantes.
‘Ni un minuto de relajación aunque las señales sean positivas’, pidió el jurista Antonio Durán-Sindreu, subrayando para CF que ‘hay aspectos del informe Bot que han sido interpretados con alegría, ya que están referidos a Italia, en cuya ley se diferencia entre titularidad y gestión, mientras que en España la titularidad va ligada a la propiedad’. Hay que tener en cuenta estos detalles -insistió-, porque los partidarios de la liberalización buscarán los puntos del informe que puedan servir contra España. ‘En cualquier caso mantengo el optimismo, pero siempre con cautelas’. Es también la posición de Jordi De Dalmases, presidente del COF de Barcelona, que resaltó ‘la enorme sintonía con el Ministerio’, o Lluis Barenys, presidente de Federació Farmacèutica, que pidió mantenerse unidos y a la espera.
La crisis
Martínez Olmos hizo una defensa del modelo recordando su eficiencia y su carácter de motor de la economía, pues la botica forma parte de un sector que ‘invierte 80.000 millones de euros y sostiene 1.100.000 puestos de trabajo’, además de su papel fundamental para la salud de los españoles ‘en tiempos de crisis’.
Martínez Olmos anunció que en el desarrollo del II Plan Estratégico de Farmacia que Sanidad prepara ‘el titular de oficina de farmacia tiene un papel fundamental a desarrollar, al lado de los médicos, y el Ministerio quiere impulsar ese papel y dimensionarlo’. El secretario general de Sanidad recordó que, ‘por ejemplo, el 40 por ciento de los ingresos en urgencias se deben a problemas ocasionados por los medicamentos, y el 70 por ciento de esos problemas es evitable. ‘Desde Sanidad queremos que en esto haya un papel del farmacéutico comunitario, desde sus oficinas de farmacia, para, en colaboración con el médico, impulsar un plan de seguimiento y asistencia a los pacientes’, afirmó, en plena polémica con los médicos por la prescripción enfermera y la AF (ver página 12). ‘En primer lugar porque añade calidad sanitaria y, además, es probable que redunde en reducción del gasto, que en este caso no es lo más importante’, añadió. ‘No podemos desaprovechar una red de 40.000 profesionales cualificados que desde las oficinas de farmacia tienen un contacto diario con la población para atenderla’.
Un plan de este tipo, afirmó,’daría legitimidad al Gobierno y a la profesión para explicar en Europa que tenemos uno de los mejores servicios farmacéuticos del mundo’.
‘Hay que demostrar aún la proporcionalidad del sistema’
Antonio Durán-Sindreu, experto en Derecho farmacéutico, ha mostrado repetidas veces en CF su satisfacción por las conclusiones del abogado general Yves Bot ante el dictamen motivado contra la farmacia italiana. Pero durante las jornadas de Aproafa celebradas en Barcelona la semana pasada insistió en recordar que ‘ante todo, hay que precisar que las conclusiones no se pueden extrapolar sin más a ordenamientos jurídicos distintos del italiano’.
El abogado general hizo públicas sus conclusiones sobre el caso italiano el 16 de diciembre y por la farmacia española corrió un ‘cauto optimismo’, como afirmó Pedro Capilla, presidente del Consejo General de COF. Pero llega el momento de extremar la cautela. Durán-Sindreu recordó que ‘España debe seguir haciendo esfuerzos para demostrar que las restricciones que impone su sistema de salud a lo previsto en el artículo 43 del Tratado de la UE sobre libre establecimiento son proporcionadas a sus necesidades para atender a los ciudadanos’, ya que la salud pública es admitida como excepción en el propio tratado y así lo recoge Bot en sus conclusiones.
La clave, en el capital
‘Para justificar con mayor solidez el elevado nivel de protección a la salud pública que España quiere tener -afirmó Durán-Sindreues conveniente extender el binomio propiedad-titularidad a uno más amplio que incluya la copropiedad de la distribución de capital íntegramente farmacéutico’, como ha venido explicando en estas páginas en las últimas semanas. ‘Mantener dicho nivel exige que continúe la primacía de la independencia económica del capital farmacéutico en la titularidad de las empresas de distribución y en la de las farmacias’. En este punto quiso advertir de la posible constitución de cadenas de gestión de farmacias, es decir, que ‘en Italia la gestión de la botica sí está reservada exclusivamente al farmacéutico, pero en España no, por la Ley de Sociedades Profesionales’. Por este motivo el jurista observa una nueva vía de cambio del modelo diferente a las cadenas de propiedad y a la que sólo podría poner freno Sanidad.
Esa independencia económica del farmacéutico y su libertad para dispensar es una de las piedras de toque del dictamen y, para Bot, ‘está garantizada por la titularidad’, ya que, estima el abogado general, un farmacéutico empleado de un grupo de capital no farmacéutico no garantiza necesariamente la independencia profesional. Es una afirmación delicada que no todos consideran indiscutible. El TJCE dirá la última palabra.
